CIDH denuncia alto nivel de atentados contra defensores de DH en América Latina

CIDH denuncia alto nivel de atentados contra defensores de DH en América Latina

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, dijo el martes que América Latina registra un nivel elevado de atentados contra defensores de derechos humanos, principalmente contra quienes defienden la tierra y el medioambiente. 

  

"América Latina registra el 50 por ciento de atentados (contra defensores), que van desde intimidación, desalojos hasta tortura y asesinatos contra líderes y lideresas indígenas, campesinos y comunitarios, sobre todo los que están vinculados con la defensa de la tierra y el medioambiente", dijo la Urrejola en el evento virtual Diálogo Multiactor Sobre el Rol del Estado y las Empresas Para Garantizar el Respeto de las Personas Defensoras de Derechos Humanos en América Latina y El Caribe,  convocado por organizaciones de Ecuador. 

  

Según Urrejola, los defensores de derechos humanos están expuestos a constantes amenazas, hostigamientos, campañas de desprestigio y actos de estigmatización

  

A su vez, muchas de estas personas se han visto forzadas a enfrentar acciones judiciales sin sustento alguno, por parte de empresas cuyas actividades acarrean vulneraciones a los derechos humanos y de la naturaleza, añadió. 

  

Con el objetivo de proteger a los defensores en situaciones de riesgo, la Relatoría Especial Sobre derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la CIDH elaboró un informe específico sobre empresas y derechos humanos, apuntó Urrejola. 

  

Dicho documento establece que los Estados tienen la obligación de adoptar legislaciones en materia de protección de derechos humanos en el marco de la actividad empresarial. 

  

Urrejola también señaló que los Estados tienen la obligación de investigar, sancionar y asegurar reparaciones integrales en casos en los que se encuentren involucradas empresas en la vulneración de derechos humanos a defensores. 

  

El Estado asimismo debe fiscalizar a las empresas que desarrollan actividades peligrosas a través de mecanismos de rendición de cuentas. 

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