Hace unos días varios periodistas deportivos españoles se preguntaban en una tertulia radiofónica quién sería a partir de ahora la cara visible de la Liga española de fútbol para vender la competición en el extranjero y se hizo el silencio.
La anécdota sirve para ilustrar el sentimiento que inunda al fútbol español que este verano perdió a los dos capitanes de sus dos principales equipos, Sergio Ramos (Real Madrid) y Lionel Messi (FC Barcelona), ambos con destino al Paris Saint Germain.
Antes, en el verano del 2017, se fue a este mismo club el brasileño Neymar y en el verano siguiente Cristiano Ronaldo se marchó a la Juventus de Turín. La máxima competición española, un negocio que mueve miles de millones de euros en todo el planeta, perdió en cuatro años a sus principales reclamos.
De fondo, o en la raíz de esta cuestión, está la batalla que mantienen los principales actores de este negocio. Una batalla que en los últimos días se declaró ya totalmente abierta y que tendrá el 12 de agosto un importante acto.
Batalla abierta
A solo 24 horas de que empiece la competición, el 13 de agosto, los clubes debatirán en una asamblea con la Liga, que adoptó hace años el nombre comercial LaLiga por motivos de patrocinio, un acuerdo negociado por su polémico presidente Javier Tebas con el fondo de inversión británico CVC, dependiente de Citibank, y que se ha dado en llamar "LaLiga Impulso".
Este acuerdo otorga al fondo británico el 10,95% del negocio de la competición española a cambio de 2.700 millones de euros, un oxígeno que muchos clubes españoles necesitan, dado que las consecuencias de la pandemia afectaron fuertemente a sus cuentas.
Sin embargo, el convenio se topó en las últimas horas con importantes oponentes que hacen prever que acabará en los tribunales.
La última en pronunciarse, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que en un comunicado este mismo miércoles lo calificó de "ilegal", argumentando que "acrecienta la desigualdad", criticó la poca transparencia de LaLiga a la hora de darlo a conocer, algo rechazado horas después por este organismo que recordó a la RFEF que no tiene competencias en la materia.
Madrid y Barça, en pie de guerra
Pero no solo la Federación le declaró la guerra al organizador del campeonato español. Sus principales actores, Real Madrid y Barcelona, los clubes que dominan la competición desde hace décadas con excepciones puntuales, mostraron ya su desacuerdo con el plan.
El Real Madrid anunció el 10 de agosto que denunciaría el acuerdo tras haber manifestado su oposición por considerar que hipotecaba los beneficios generados por los clubes para los próximos 50 años.
De fondo, reaparece el proyecto de la Superliga. Una especie de formato cerrado de competición impulsado hace tres meses por Real Madrid, Barcelona y Juventus, junto con una serie de equipos punteros europeos, que generaría unos ingresos millonarios y que tuvo que ser aparcado ante la presión social, fundamentalmente en Inglaterra e Italia.
Desde LaLiga, su máximo dirigente, Javier Tebas, fue uno de los principales detractores de la idea en España.
Fichajes sin inscribir
Una complicada maraña de intereses en la que se movió tradicionalmente el fútbol profesional español, acrecentada en los últimos tiempos y que tiene en vilo a varios equipos.
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El 12 de agosto son seis los clubes de la primera división española —Barcelona, Valencia, Levante, Betis, Alavés y Celta de Vigo— que aún no pudieron inscribir a sus nuevos fichajes en la competición que se inicia el viernes 13.
En caso de que antes del 1 de septiembre, dado que el mercado se cierra el 31 de agosto, no alcancen un punto de equilibrio financiero, estos jugadores tendrían que entrenarse con sus compañeros sin poder jugar.
La decisión depende de que se apruebe la inyección económica que se debate este jueves 12 o de que estos clubes vendan a alguno de sus descartes para que dejen libre parte del presupuesto, algo que parece muy complicado dado el poco movimiento que está teniendo este verano el mercado de fichajes español, que hace tan solo unos años era de los más movidos del planeta futbolístico.
Este punto de equilibrio financiero es la versión española del llamado fair play financiero de la UEFA, el organismo que dirige el fútbol europeo. LaLiga establece en España para los clubes un límite salarial que se calcula a partir de los ingresos y tras restar los costes de estructura y el pago de la deuda prevista para la temporada.
Este escollo, que no existe en la liga francesa, fue citado directamente la semana pasada por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, como la principal razón para impedir la renovación del contrato de Leo Messi.
Se encuentra por tanto el fútbol español ante un cóctel perverso compuesto por la reducción drástica de ingresos, derivada de la pandemia; las luchas entre sus dirigentes y la fuga de estrellas.
Una combinación que hace perder atractivo a LaLiga frente a otros campeonatos europeos y cuyo principal perjudicado es el aficionado en un país, donde en numerosas ocasiones el ocio del fin de semana está ligado al fútbol y al seguimiento de los partidos de su máxima competición.
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