El domingo 1º de agosto se realizará una consulta popular cuyo objetivo es manifestar el acuerdo o desacuerdo para iniciar un proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas en sexenios anteriores. Con la finalidad de explicar el proceso, desmentir los mitos y fomentar la participación ciudadana, en esta columna responderemos algunas preguntas al respecto.
¿Qué es una consulta popular?
Es un mecanismo de participación prevista en el artículo 35 de nuestra Constitución para que los ciudadanos decidan sobre temas de trascendencia nacional. Puede ser convocada por el presidente de la República, la mayoría de alguna de las cámaras legislativas o por el 2% de la población inscrita en el padrón electoral.
Sí bien Andrés Manuel ha convocado otras consultas en el pasado, como la que se hizo para defender a PEMEX o la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ésta es la primera consulta oficial en la historia de nuestro país; no obstante, se incluyó en la Constitución desde 2012. Es un mecanismo para empoderar al pueblo, para involucrarlo en la toma de decisiones, por eso resulta peligroso para aquellos que anhelan el poder dictatorial de antaño, se han opuesto y desvirtuado con falsas noticias los objetivos de la consulta.
¿Qué decisión se consultará el 1º de agosto?
Se busca que el pueblo apruebe una serie de investigaciones que podrían derivar en el juicio político para los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ellos son presuntos responsables de fraudes a la nación y crímenes de Estado; delitos que deben ser esclarecidos y, en caso de encontrarse culpables, no quedar impunes.
¡No voy a participar! Porque la ley no se consulta
Este ha sido uno de los principales argumentos de quienes intentan desvirtuar la consulta, incluso lo han repetido algunos personajes que se dicen de izquierda. Tienen razón, la ley no se consulta, pero habría que explicar que juzgar a los expresidentes no es un proceso ni una decisión fácil. No se trata sólo de “aplicar la ley”, están en juego consecuencias políticas y económicas severas.
Juzgar a los expresidentes trastocará los intereses de muchos grupos que siguen teniendo poder y para defenderse podrían intentar un golpe de Estado. En ese sentido, la consulta es un termómetro del nivel de politización del pueblo. La derecha está midiendo sus fuerzas y le apuesta a una baja participación ciudadana; no significa que la gente que no vaya a la consulta apoye a los expresidentes, significa que la gente que no vaya a la consulta no está motivada para movilizarse políticamente, entonces, mucho menos se movilizará para defender a un gobierno legítimo en un eventual golpe de Estado. Por eso es importante que la consulta sea masiva y el pueblo demuestre su fuerza y capacidad de organización.
¿Por qué juzgar a los expresidentes?
Los 5 expresidentes corresponden al periodo del neoliberalismo que se caracterizó por los brutales ataques contra la clase trabajadora y el pueblo en general. Fue una época de infamias, saqueo, fraudes, despojo, sangre y entreguismo apátrida, justificado en una política económica basada en la escuela neoclásica y que en la realidad representó una cruenta dictadura que aumentó la pobreza y la desigualdad.
Después de la crisis de deuda de 1982, el Fondo Monetario Internacional condicionó apoyos económicos para que los gobiernos de los países siguieran sus “Políticas de Ajuste” que implicaron inducir una crisis económica en la población para frenar la inflación y reducir el déficit de la balanza comercial. Esta crisis se prolongó durante toda la década de los ochenta, por eso se le conoce como la “década perdida”.
En los años noventa las políticas a seguir se dictaron desde lo que se conoció como “Consenso de Washington”, con lo que se entregó la soberanía del país a los capitales transnacionales. Básicamente fueron 10 medidas que debían acatar los gobiernos, entre ellas privatizar las empresas públicas. De esta forma se desmantelaron las empresas del estado y se vendieron a precios de risa. Los hombres más ricos del país, sin excepción, se beneficiaron de ese proceso: la privatización de minas a Germán Larrea; la de Teléfonos de México a Carlos Slim, la de Televisión Azteca a Salinas Pliego. En total se vendieron más de 1,150 empresas ¿Qué se hizo con ese dinero?
Se privatizó todo lo que fuera lucrativo, incluso la Seguridad Social, se degradaron los servicios de salud, se subrogó el servicio de guarderías infantiles y ya conocemos los funestos resultados en la guardería ABC que estaba a cargo de la sobrina del bribón de Felipe Calderón. Se privatizó el sistema de jubilaciones y pensiones y también conocemos los resultados: quienes ingresamos a laborar después de 1997 no tendremos pensión, nos condenaron a una vejez en pobreza.
El Consenso de Washington también prohibió al Estado intervenir en cualquier mercado incluido el laboral. El Estado dejó las relaciones de trabajo a las fuerzas de oferta y demanda que en realidad eran las fuerzas del capital. Se anularon las conquistas laborales ganadas después de la revolución; las huelgas se reprimieron violentamente; se permitió que las empresas no pagaran prestaciones bajo la figura del outsourcing; y, los salarios se estancaron severamente, de tal suerte que en 2018 tenían el mismo poder adquisitivo que en la época porfirista, como se muestra en la gráfica 1.
Gráfica 1: Salario Mínimo Real en México
Elaboración propia
La próxima semana expondremos más argumentos para juzgar a los expresidentes. Por eso, este domingo 1º de agosto asistamos masivamente a las mesas receptoras de la consulta, demostremos el poder del pueblo, rompamos la cadena de impunidad. El primer paso es politizar, informar y educar a los compañeros que no consideran importante este ejercicio. ¡Vamos juntos!
*Profesor-Investigador Facultad de Negocios, Universidad La Salle México
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores
Twitter: @BandalaCarlos
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