El caso de uno de los técnicos detenidos por el accidente aéreo donde perdieron la vida los exgobernadores Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, podría ser atraído por la federación luego de que sus familiares y abogados promovieron un acto de incompetencia en contra de la Fiscalía General del Estado.
Así lo dieron a conocer en una manifestación a las afueras de los juzgados federales en Lomas de San Miguel, donde Moisés Montiel, padre del detenido de nombre Ricardo N., indicó que hoy se tenía programada una audiencia para que un juez federal pudiera determinar si hacía válida la solicitud de incompetencia.
Moisés Montiel recordó que su hijo fue detenido por las autoridades locales el 24 de diciembre del 2020, y ha sido objeto de un proceso penal que, de acuerdo con él, es evidentemente inequitativo, ya que el juez de control Salvador Hernández Martínez ha emitido fallos diferentes para cada uno de los nueve detenidos por este caso.
El mismo juez de control de Cholula permitió que César N., Rafael N. y César N., personal operativo de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (SAASA), pudieran seguir su proceso en libertad, los dos primeros con una garantía económica de 10 y 20 mil pesos, mientras que el tercero solamente con una firma periódica.
Sin embargo, a los seis técnicos y mecánicos de la empresa Rotor Flight Services no se les permitió seguir su proceso fuera de prisión y se les impuso una medida cautelar de prisión preventiva justificada, asegurando que se corre el riesgo de que se puedan evadir de la justicia si es que les aplican una medida cautelar diversa.
El papá de Ricardo asegura que durante los dos años, entre el día que ocurrió el accidente y la detención de su hijo, este acudió a declarar ante la Fiscalía General del Estado todas las veces que fue citado, por lo que si en algún momento hubiera sido su deseo evadir el caso lo habría hecho con mucho tiempo de anticipación.
