En sesión pública ordinaria virtual de la LX Legislatura del Congreso del Estado, la diputada Mónica Lara Chávez presentó una Iniciativa de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado de Puebla, en materia de clases en la modalidad a distancia y acoso escolar cibernético.
Durante la presentación de la Iniciativa, la diputada Mónica Lara señaló que las reformas a la Ley tienen como objetivo prevenir la violencia, el hostigamiento y el acoso escolar en las instituciones educativas del Estado, incluida la modalidad a distancia, así como otorgar apoyo asistencial a las víctimas.
Se estipula, también, la definición de Acoso Escolar Cibernético, que consiste en utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para acosar, amenazar, avergonzar, intimidar o criticar a otra persona, lo cual se produce entre niñas, niños y/o adolescentes.
La Iniciativa fue enviada a la Comisión de Educación para su análisis y resolución procedente.
Iniciativa para facilitar la búsqueda de información para personas con discapacidad
En otro punto del orden del día, el diputado Raúl Espinosa Martínez presentó una Iniciativa de Decreto para reformar el primer párrafo del artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
En este sentido, el diputado Raúl Espinosa señaló que el propósito de las reformas a la Ley es que el Instituto de Transparencia y los sujetos obligados establezcan las medidas que faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con discapacidad, buscando en todo momento que la información generada y publicada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y sea accesible de manera focalizada y, en la medida de lo posible, traducida a personas que hablen alguna lengua indígena.
El legislador enfatizó el problema que conlleva la barrera lingüística para las personas pertenecientes a comunidades indígenas, toda vez que el acceso a la información pública muchas veces no toma en consideración a este grupo poblacional, lo que, a todas luces, atenta contra su derecho humano a la información.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, para su estudio y dictaminación correspondiente.
Iniciativa para promover capacitación de conductores del transporte público
Asimismo, la diputada María del Carmen Saavedra Fernández presentó una Iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 85 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla.
La legisladora señaló que las reformas a la Ley obligarán a las personas concesionarias, permisionarias y a las empresas de redes de transporte a capacitarse en todo tiempo, así como proporcionar a sus conductoras y conductores la capacitación, adiestramiento, o profesionalización necesarios para lograr que la prestación de sus servicios sea eficiente, segura y con apego a las políticas de igualdad de género, no discriminación y respeto a los derechos humanos, especialmente de las y los usuarios que pertenezcan a algún grupo vulnerable, incluyendo niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Transporte y Movilidad para su estudio y resolución correspondiente.
Iniciativas para reformar el código penal
Por otra parte, la Mesa Directiva dio cuenta de la Iniciativa de la diputada, Guadalupe Muciño Muñoz para reformar el artículo 284 bis del Código Penal del Estado de Puebla, en materia de violencia familiar y derechos reproductivos.
De igual forma, se dio cuenta de la Iniciativa de Decreto presentada por el diputado Jonathan Collantes Cabañas, para reformar la denominación de la Sección Segunda del Capítulo Décimo Séptimo del Libro Segundo y los artículos 358 a 360 del Código Penal del Estado de Puebla, que tiene como finalidad, castigar a quien por cualquier medio difunda ideas o pensamientos basados en el odio racial, o por motivos racistas incite a cometer cualquier acto de violencia en contra de una o varias personas.
Ambas Iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución correspondiente.
