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La Fiscalía General de la República mexicana abrió una negociación con la extitular de las secretarias de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario N., para buscar una salida anticipada a su caso, motivo por el cual decidió no acusarla formalmente por el delito de uso indebido del servicio público.
En la audiencia que tuvo lugar este 10 de febrero, la Fiscalía planeaba presentar su acusación formal en contra de la secretaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto por haber cometido omisiones que permitieron el desvío de alrededor de 5,000 millones de pesos.
De acuerdo con las fuentes entre los funcionarios judiciales, la agente del Ministerio Público Federal, Mónica Martell Olguín, expresó su aceptación para alcanzar una salida anticipada dentro de la causa penal —ya sea a través de un procedimiento abreviado (donde Rosario se declare culpable), o un criterio de oportunidad— y que están en posibilidad de dar por concluido el proceso penal que se le sigue.
Aunque el Ministerio Público informó durante la audiencia que ya habían discutido una "propuesta en forma verbal" con la defensa, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Sur, Ganther Villar Ceballos, dio un plazo de cinco días a ambas partes para que informen sobre la fecha en que comenzarán las negociaciones formales.
Rosario N. fue parte del gabinete del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), donde sirvió como secretaria de Desarrollo Social desde diciembre de 2012 hasta agosto de 2015, cuando pasó a encabezar la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En septiembre de 2017, una investigación periodística señaló que, durante su gestión en Sedesol, Rosario N., con la complicidad de varias universidades locales, tejió una red de empresas fantasma a través de las cuales se desviaron hasta 2,000 millones de pesos, originalmente destinados a la implementación de diversos programas sociales.
En agosto de 2019 fue puesta en prisión preventiva y trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública. Un mes más tarde, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años por falsear información en su declaración patrimonial.
