El Instituto Nacional Electoral (INE) inició un procedimiento oficioso para indagar un pago por 398,8 millones de pesos mexicanos (19,9 millones de dólares) autorizado por la exdirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, para financiar obras y servicios que no se realizaron.
Según el Dictamen Consolidado de los ingresos y gastos de los partidos durante el ejercicio 2019, el INE no halló comprobantes para justificar las transferencias realizadas a las empresas Inmobiliaria Moscati de Querétaro S.A. de C.V. y Estrada Miranda Proyecto y Construcción S.A. de C.V., ambas pertenecientes a Enrique Borbolla García.
La información, publicada por Animal Político, apunta que los pagos en cuestión se realizaron por anticipado, pero Morena omitió incluir esas erogaciones en su informe de gastos, lo que puede implicar un intento para burlar la fiscalización del INE.
"En caso de que, como resultado del procedimiento oficioso, esta autoridad fiscalizadora tenga elementos suficientes y contundentes para declarar fundado el procedimiento, se dará vista correspondiente a la Fiscalía General de la República por constituir una conducta susceptible de ser calificada como delito", advirtió la autoridad electoral.
En junio de 2020, se reveló que, a unos días de dejar la dirigencia nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, ordenó a la Secretaría de Finanzas de su partido pagar la cantidad en cuestión a las dos empresas por obras de remodelación y mantenimiento de inmuebles que no se llevaron a cabo.
El 29 de diciembre de 2019, Polevnsky firmó dos contratos de obras con Inmobiliaria Moscati y Estrada Miranda Proyecto y Construcción para efectuar obras de remodelación, adaptación y mantenimiento, así como suministro de mobiliario, equipo de cómputo y sistemas de seguridad para futuras oficinas del partido.
Los contratos establecían que, si el cliente aceptaba saldar por adelantado y en su totalidad el monto de las obras que se realizarían a futuro, se aplicaría un descuento a la suma global. Así, Polevnsky acordó pagar 312.445.000 de pesos (15,6 millones de dólares) a Inmobiliaria Moscati, así como otros 82.555.000 de pesos (4,1 millones de dólares) a Estrada Miranda Proyecto y Construcción por esas actividades.
Sin embargo, la entonces dirigente nacional de Morena aceptó liquidar contratos de obras para inmuebles inexistentes ya que, al momento de firmar los contratos, el partido sólo tenía escrituras de propiedad sobre tres inmuebles.
Durante la revisión de las finanzas del partido, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) denunció que esa operación representa un daño patrimonial millonario a Morena, debido a que las obras contratadas no se realizaron, aunque fueron liquidadas en su totalidad de manera anticipada.
Ante esto, el sucesor de Polevnsky en la dirección de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, denunció penalmente esta situación, e incluso acusó a la dirigencia previa de daño patrimonial y lavado de dinero. Tiempo después, presentó una demanda mercantil para tratar de recuperar los recursos pagados a las empresas de Borbolla García.
Enrique Borbolla García estuvo en prisión en 2014 debido a su involucramiento en la renta fraudulenta de una aeronave al gobierno de Quintana Roo.
