José Juan Espinosa Torres presumió, hasta antes de que pidiera licencia como diputado local, que su gobierno en San Pedro Cholula había sido honesto, que no había ejercido corrupción y que su gestión se condujo conforme a derecho. Falso, documentos de un correo electrónico muestran que desvió el erario en favor de candidatos de Movimiento Ciudadano.
En su gestión como presidente de San Pedro Cholula, Espinosa Torres utilizó recursos del Gobierno Municipal para pagar la campaña aérea de los candidatos a diputados federales de Movimiento Ciudadano en 2015, cometiendo con ello una violación a la Constitución Política Mexicana en su artículo 134:
“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.
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Espinosa Torres aún podría ser juzgado por este delito, pues de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos el delito cometido por el exalcalde, desvío de recursos, prescribe luego de siete años.
El crimen del legislador con licencia, que además enfrenta otras investigaciones judiciales, fue cometido el 15 de abril de 2015, es decir, prescribiría en 2022 este delito.
Según los correos electrónicos enviados entre la titular de Comunicación Social del Gobierno de Cholula, Pilar Pineda, y la empresa de publicidad 1a1Medios -consentida por el antes llamado Niño Naranja-, el ayuntamiento pagó más de un millón y medio de pesos en publicidad en espectaculares, vallas, vallas móviles, playeras y bardas.
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De acuerdo con la evidencia, la dirección de Comunicación del ayuntamiento de San Pedro Cholula pagó la publicidad de Luis Alberto Arriaga Lila del Distrito X, Esteban Sánchez del Distrito VII, Irma Ramos del Distrito IV y Karen Abraham del Distrito XI. Todos candidatos de Movimiento Ciudadano.
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Rosa María Brambilia, representante de 1a1Medios, envío el 13 de abril a Pilar Pineda, entonces y hoy directora de comunicación del ayuntamiento de San Pedro Cholula, los testigos de la campaña electoral pagada con recursos del municipio:
“Le enviamos un avance de los testigos extra que me acaban de llegar con un mejor formato, que nos han llegado de las campañas publicitarias, en cuanto tengamos lo demás se lo haremos llegar, estaremos en contacto, gracias por su atención, excelente tarde”.
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En el Padrón de Proveedores del Gobierno Municipal, aparece justamente la empresa 1a1Medios como una de las principales prestadoras de servicios para Comunicación Social del gobierno de San Pedro Cholula.
El uso de recursos públicos con fines electorales constituye un delito. Los gobiernos no pueden pagar campañas políticas, según lo consagrado en el artículo 134 constitucional.
Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha afirmado que “el desvío de recursos públicos con fines electorales, realizado por funcionarios de gobierno, constituye una violación a la Constitución, por lo cual las autoridades electorales deben sancionar esa conducta”.
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Además, tiene como principales prerrogativas “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. El desvió de recursos y la violación flagrante de la constitución representaría justamente una traición y robo al erario cholulteca.
Las imágenes que se muestran en este reportaje son impresiones de pantalla del correo en el que Brambilia reporta a Pineda los "testigos" de la contratación que hizo el ayuntamiento.
El último informe de actividades de José Juan Espinosa también fue anunciado por la misma empresa, que ha incrementado la colocación de sus estructuras publicitarias en el municipio de San Pedro.
