A diferencia de otras administraciones, hoy la Unidad de Inteligencia Financiera tiene facultades que le permitirán indagar de manera profunda la disparidad entre ingresos legales y fortunas de dirigentes políticos en Puebla. Más allá de la defensa verbal que puedan hacer la dirigente panista Genoveva Huerta y los simpatizantes de Antorcha Campesina investigados por este organismo, la disparidad entre ingresos y propiedades además de movimientos en cuentas bancarias les delatan ante la autoridad.
Tanto la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta, como los tantos dirigentes de Antorcha Campesina, con quienes justamente la panista pretendía aliarse, enfrentan un principal problema de orden fiscal: la disparidad entre sus ingresos oficiales y propiedades y otros elementos de riqueza.
En el caso de Antorcha Campesina es aún más grave el presunto ilícito que se les investiga, pues también se les está indagando por vender huachicol en sus gasolineras.
En tanto que Genoveva Huerta tendría que aclarar las propiedades que no corresponden al ingreso oficial de ella o de su madre, propietaria de diversos inmuebles que aparecen a su nombre, aunque están estimados como en inmuebles comprados por Huerta Villegas con dinero en efectivo.
La UIF es una instancia administrativa de la Secretaría de Hacienda, que tiene la facultad de recibir reportes financieros y avisos de quienes hacen actividades sospechosas, con el fin de analizar las operaciones financieras y económicas y diseminar los análisis para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Pero al mismo tiempo, estas facultades le permiten indagar, a través de la auditoría de cuentas de banco, el resto del dinero que políticos podrían recibir por diversas irregularidades, como ahora ocurre con el caso denunciado en el llamado #LozoyaGate.
En los 15 años de historia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), nunca esta instancia de la Secretaría de Hacienda había tenido tanta visibilidad ni los reflectores como los tuvo en el 2019, pues su titular, Santiago Nieto Castillo, tuvo un papel relevante en casos que involucraron a exfuncionarios, principalmente de la anterior administración.
Y en el caso de Puebla se ha consolidado parte de su influencia debido a dos razones fundamentales: la preponderancia que tiene para la agenda política nacional la investigación del PAN en un esquema de utilización de recursos públicos para financiar operaciones electorales, denominada Estructura Maya. Por otro lado, desmantelar la influencia económica y política de la organización Antorcha Campesina que para estas elecciones pretende hacer alianza con Acción Nacional.
De acuerdo con Nieto Castillo, cuando él llegó a tomar las riendas de la UIF, en diciembre del 2018, encontró con una unidad prácticamente desmantelada y desvinculada del resto de las instituciones regulatorias el país y autoridades judiciales.
En este contexto, el trabajo del también extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales en su llegada a la UIF consistió en hacer un análisis FODA (debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades) y una planeación estratégica, por la cual se definieron cinco temas prioritarios para la unidad: combate al robo de hidrocarburos, trata y tráfico de migrantes, empresas fachadas y factureras, narcotráfico y corrupción política.
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Las herramientas legales que le facilitaron los diputados de Morena en 2019 al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera permiten indagar con mayor detalle en este último punto. Es decir, hay mayores elementos ahora para investigar la corrupción política, debido a que es perfectamente demostrable el delito de enriquecimiento ilícito, una vez que se comprueba la disparidad entre propiedades e ingresos oficiales de cada político.
Genoveva Huerta enfrentará, a causa de sus propiedades y movimientos de sus cuentas bancarias, esta acusación que, si bien ahora puede evitar momentáneamente por el amparo tramitado, al final es un delito grave que implica arresto.
Por otro lado, Antorcha Campesina enfrenta algo más grave, no solo el enriquecimiento ilícito, sino del delito de recursos de procedencia ilícita y en este caso provenientes de la adquisición de huauchicol para la venta.
Para expertos en la materia de prevención de lavado de dinero, esta labor más dinámica respecto a la que tuvo en otras administraciones es una buena noticia, especialmente para el sistema financiero, que ahora ve una unidad con una actuación acorde a la información que proporcionan de operaciones que podrían presentar indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
La UIF se ha convertido objeto de los reflectores por su participación en casos de relevancia nacional: desde el robo de hidrocarburos; los presuntos casos de corrupción en Pemex que apuntan a su exdirector Emilio Lozoya; las presumibles conexiones de magistrados federales con cárteles de la droga, y el señalamiento al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por supuesto lavado de dinero.
