De pronto el pánico se apoderó de todos ellos. “¿Quién más estará contagiado?”, ¿quién más estuvo con el güero?”. En los pasillos de la Central de Abastos, el brote de COVID-19 se dispersó con virulencia. Y comenzaron los fallecimientos.
En Bosques de San Sebastián, Amalucan, también comenzó a esparcirse el virus de manera agresiva. Una mujer que atendía su pescadería se contagió y falleció. Era el segundo caso de contagio en una misma familia.
El grave problema que tiene la administración pública federal es la ausencia de información precisa. En Puebla y Tlaxcala, los casos van en aumento, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la curva de contagios ya fue aplanada.
Peor aún, el semáforo de contagios que presentó el subsecretario de Salud, Hugo Lopez Gatell, tiene como fuente de información el reporte de las autoridades locales de salud.
Las deficiencias de décadas en el sistema de salud pública contribuyen al crecimiento de la gravedad: si clínicas y hospitales en municipios remotos no tienen ni pruebas ni datos de registro y mucho menos alguna política de vigilancia epidemiológica, es poco probable que el reporte de casos sea confiable.
Partiendo de ese hecho, la gravedad en la contingencia aumenta debido a que justo en los puntos del país con la información menos confiable es donde las clases y otras actividades cotidianas serán retomadas.
La ausencia de una política pública estratégica salta a la vista al analizar que además los municipios con pocos contagios -que es más probable que sean los de menores pruebas- son justamente los de mayor índice de marginación.
El semáforo de regreso a las actividades marca en color verde los lugares donde los espacios públicos tanto abiertos como cerrados se abrirán, las personas vulnerables necesitarán cuidado de control y las clases presenciales volverán.
Pero si los índices de marginación son altos en estos municipios, la nutrición deficiente de los infantes en las comunidades lejanas y la carencia de medidas sanitarias, provocarían un brote más agresivo del virus, tal como ocurrió en la Central de Abastos de Puebla o en Amalucan y Bosques de San Sebastián.
En las zonas verdes del semáforo, hay otro indicador de gravedad al aplicar este regreso a actividades. Los migrantes enfrentan los contagios, procedentes principalmente de Nueva York.
Más de millón y medio de poblanos viven en Estados Unidos y la mayoría en la Gran Manzana. Los contagios en la Mixteca Poblana obedecen justo a este comportamiento social.
En Puebla, el reporte marca que hay 74 municipios sin contagios que podrían regresar a la normalidad. Pero justo estos, los ubicados en el sur del estado, tienen población migrante.
Justo sobre este regreso a las actividades escolares y de convivencia, además de la apertura de las industrias automotrices, mineras y de construcción, el gobernador Miguel Barbosa Huerta ha declarado que él no expondrá a la población a mayores riesgos, justo por la ausencia de confiabilidad en las cifras que tiene el gobierno federal sobre los contagios.
De hecho, el propio López Gatell declaró que serán los gobernadores quienes decidan qué medidas sanitarias aplicarán en sus entidades, según la evaluación que hagan de la situación respecto al COVID-19.
De la misma manera que el pánico se apoderó de los vendedores de la Central de Abastos, o de Bosques de San Sebastián o Amalucan, los municipios que hoy son verdes podrían convertirse en nuevos focos de contagio, pues la ausencia de cifras nunca obedeció a acciones de prevención, sino a la marginación y al abandono del sistema de salud en el país. El riesgo persiste y aumenta.
