Un grupo de once abogados de toda España presentó una querella contra el Gobierno por un delito de homicidio imprudente, en representación de más de 3.200 familias de personas que murieron por el covid-19.
La querella fue presentada ante el Tribunal Supremo español contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos los ministros de su gabinete, "como presuntos responsables, criminalmente, de un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave", indica el texto.
El grupo de abogados que firmó la denuncia especifica que un total de 3.268 familiares de víctimas del covid-19 encargaron esta acción, aunque solo 116 pudieron obtener por ahora la documentación necesaria para acreditar la muerte por coronavirus.
El texto acusa a Sánchez y los ministros del Ejecutivo español de "haber permitido por acción o por omisión que la extensión de la pandemia, y el virus SARS-CoV-2, hayan acabado con la vida de los familiares" de los denunciantes.
A fecha de este 12 de mayo, el Gobierno cifra en 26.920 las personas que fallecieron a causa del covid-19 en España, de un total de 228.030 afectados en todo el país.
Las familias que pretenden llevar esta situación a la justicia argumentan que sufrieron "la pérdida de uno o más de sus familiares" como consecuencia de patologías derivadas del covid-19 "en condiciones ciertamente indignas de un ser humano".
Los denunciantes consideran que estas muertes se dieron a causa del "comportamiento y actuaciones" de los miembros del Gobierno de Sánchez, en cuanto a integrantes del Consejo de Ministros y "responsables de las obligaciones inherentes al gobierno de la nación española".
El texto presentado ante el Tribunal Supremo destaca la "negligencia" de los miembros del Ejecutivo a la hora de gestionar la crisis sanitaria y conseguir frenar la propagación del virus.
"A finales del mes de febrero se habían detectado ya 32 casos de contagio en España, sin que el Gobierno hubiera adoptado medida alguna de prevención, durante más de un mes desde que tuviera conocimiento de la emergencia sanitaria declarada por la OMS", recoge la querella.
Según informó en un comunicado la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, organización promotora de esta denuncia, no se descarta ampliar la querella a otros responsables o asesores de la gestión sanitaria en España.
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