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Fernando Manzanilla es el “consiglieri”, el garante de los acuerdos entre Genoveva Huerta y Antorcha Campesina, debido a que el exsecretario de Gobernación favoreció a la agrupación de Aquiles Córdova Morán con 655 millones de pesos en inmuebles. Tal acuerdo fue establecido por Manzanilla Prieto bajo instrucción del exgobernador Rafael Moreno Valle y operado de manera directa por el exsubsecretario de asuntos políticos, Víctor Manuel Barceló, en 2011.
Nueve años después de que Manzanilla Prieto diera facilidades legales a Antorcha Campesina para hacerse de 985,000 metros cuadrados en terrenos, 714 casas-habitación y 128 departamentos, el exfuncionario estatal recordó tal apoyo para ahora ofrecerlo como moneda de cambio en la alianza que teje entre la dirigente estatal del PAN y el movimiento antorchista.
Fuentes en el PAN confirmaron que Genoveva Huerta pretende establecer una alianza con Antorcha Campesina en las elecciones de 2021, que implicaría ceder a representantes del antorchismo candidaturas a diputaciones, alcaldías y regidurías. Manzanilla Prieto es el artífice de esta estrategia, coinciden los entrevistados, e incluso es quien más ha trabajado en la integración del frente Antorcha-PAN.
La agrupación creada por Aquiles Córdova Morán pactó con el exgobernador Rafael Moreno Valle para formar parte de la operación electoral en el estado en las elecciones de 2010, 2013, 2015 y 2018. En 2011, en el primer año del sexenio y cuando aún Manzanilla Prieto gozaba de toda la confianza del gobernador, le fue encargado al entonces secretario general de Gobierno operar a favor de Antorcha.
En mayo de 2011, Marco Antonio Trujillo Castellanos, abogado de los 19 propietarios despojados, explicó que el procedimiento para defender a sus clientes había avanzado hasta lograr cuatro órdenes de restitución de los predios invadidos por Antorcha, además de 18 averiguaciones previas que quedaron en etapa de integración. Pero después todo quedó detenido.
Trujillo Castellanos acusó que Gobernación del Estado, en ese entonces dirigida por Manzanilla, congeló las denuncias de despojo por valor de 655 millones de pesos. Gobernación pidió incluso a los afectados disposición para negociar y algunos propietarios aceptaron ceder a condición del pago de una parte del valor de los predios invadidos.
El respaldo que recibió Antorcha Campesina de la oficina a cargo de Manzanilla fue tal que incluso la organización defendió la actuación del gobierno estatal.
En un comunicado, el movimiento respondió: “El propósito central fue, luego entonces, desprestigiar a la Organización ante la opinión pública para restarle fuerza a sus demandas y enfrentarla con el gobierno de Rafael Moreno Valle.
“Para el Movimiento Antorchista de Puebla queda claro que estamos en presencia de un ataque frontal desde la oscuridad del sistema político poblano, hecho por fuerzas que cuentan con un gran poder político y económico, donde la cabeza visible es Marco Antonio Trujillo Castellanos, ligado a los intereses de la Administración estatal pasada”, señalaba el comunicado en clara alusión a la administración de Mario Marín.
La operación en favor de Antorcha Campesina por parte de Manzanilla quedó evidenciada en el pago de uno de los inmuebles. Aunque el avalúo comercial del edificio era de 10 millones de pesos, el Instituto de Catastro del gobierno de entonces le otorgó solo un valor de 7 millones de pesos, beneficiando así las negociaciones en favor de la agrupación de Córdova Morán.
