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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un decretó urgente de 11 puntos con medidas económicas de aplicación "categórica" que entrarán en vigencia este miércoles, hasta el 31 de diciembre de 2020, para enfrentar la crisis económica mundial originada en la pandemia de covid-19.
El decreto para la "aplicación urgente y categórica" de las medidas será publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación "de conformidad con los criterios que nos rigen, de eficiencia honestidad, austeridad y justicia, dadas las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta", leyó el mandatario en el Palacio Nacional, sede del poder Ejecutivo.
Las 11 medidas la encabeza la instrucción de que "no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal", en el Gobierno.
Además, se reducirá el salario de los funcionarios públicos hasta 25 por ciento, de manera progresiva.
Los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni otras prestaciones de fin de año, concepto que se "aplica del nivel de subdirector hasta Presidente de la República".
En materia de austeridad, "no se ejercerá el 75 por ciento del presupuesto disponible para las partidas de servicios generales, materiales y suministros, que también incluye a lo supuestamente comprometido".
El decreto cancela 10 subsecretarías y al mismo tiempo "garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos".
El mandatario ordena que cerrar "la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público y las que se consideren esenciales para el beneficio de la gente".
La quinta medida ordena que posponer "las acciones y el gasto del Gobierno" con excepción de 38 programas prioritarios, que concierne a cuatro proyectos estratégicos de infraestructura y los programas sociales.
Los proyectos son: un aeropuerto en la principal base militar de Santa Lucía, una refinería en el puerto petrolero de Dos Bocas, el turístico Tren Maya en la península de Yucatán, y un ferrocarril de interconexión en el Istmo de Tehuantepec, desde un puerto el Golfo de México a las costas del Pacífico.
Los programas sociales incluyen pensiones, becas, atención médicas gratuita, distribución de fertilizantes, apoyos a pescadores, construcción de carreteras, internet gratuito, entre otros.
Se mantiene el gasto público destinado a los 32 gobiernos de los estados de la federación mexicana y el "trato excepcional a la Guardia Nacional y las secretarias de Salud, Marina y Defensa Nacional".
La octava medida ordena que "se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa", y la novena que "la eficiencia, la honestidad y la austeridad permitirán aumentar el presupuesto para fortalecer el blindaje de los programas sociales y de los proyectos prioritarios en 622.556 millones de pesos (unos 26.000 millones de dólares)".
Las autoridades financieras "otorgarán tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y la clase media".
Las acciones persiguen la creación de dos millones de nuevos empleos.
En suma, la meta es "proteger al 70 por ciento de familias, equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a pobres e integrantes de clases medias".
