Pese a que se salieron con la suya y lograron un aumento sustancial al pasaje, los transportistas de Puebla parecen empeñados en trabajar en la opacidad, esto a unas semanas de que se cumpla el plazo para renovar sus unidades.
Ejemplo claro de esta situación es su negativa de entregar información bancaria al Gobierno de Puebla, para que reciban el subsidio prometido a raíz de la tarifa preferencial para estudiantes, decisión que molestó a muchos concesionarios.
El no entregar la información requerida para este subsidio levanta sospechas de todo tipo, desde que los concesionarios no están debidamente registrados ante el SAT, hasta que son prestanombres de algún otro “empresario” del transporte.
Esta resistencia también se traslada al nulo interés de los transportistas de colocar las cámaras de seguridad que se comprometieron a poner en las unidades, a cambio de que se autorizara el aumento al pasaje.
En algunas unidades podemos ver cámaras que parecen no funcionar, pues es un hecho que hasta el momento ningún concesionario ha enlazado equipos de video vigilancia de sus unidades al C5, como también se acordó en octubre pasado.
De acuerdo a diversos usuarios, estas cámaras evidenciarían aún más el pésimo servicio que se da en el transporte público de Puebla, además de que quedaría de manifiesto la presunta colusión de algunos choferes con delincuentes.
Cabe mencionar que los concesionarios del transporte público poblano han vivido por años en la opacidad, pues nunca han cumplido con las obligaciones que cualquier empresario está obligado a llevar a cabo.
Esto queda en evidencia con la manera en la que explotan a algunos choferes, que trabajan jornadas de más de 12 horas sin prestaciones ni servicios médicos y mucho menos contrato.
A unos días de que se cumpla el plazo para renovar sus unidades, se espera que el Gobierno de Puebla aplique sanciones ejemplares, pues es evidente que a los concesionarios no les importa en lo mínimo cumplir con los acuerdos firmados el pasado mes de octubre.
