Estamos a poco menos de un mes de que se cumpla el plazo otorgado por el Gobierno del Estado a los transportistas para renovar sus unidades y prestar un mejor servicio, luego de que se aprobara el aumento a la tarifa para usar este medio de transporte.
Sin embargo, a unos días de que llegue la fecha acordada no se ven cambios en el transporte público de la capital, donde siguen circulando unidades vetustas y en mal estado, sin cumplir con los acuerdos llegados con el Gobierno de Puebla.
Entre los acuerdos que deben cumplir los transportistas está la colocación de GPS, cámaras de video vigilancia y botones de pánico al interior del transporte público, lo que hasta el momento no se ha visto en ninguna de las rutas de Puebla.
El acuerdo para el alza al transporte se dio el 6 de octubre pasado y se dieron 120 días para que los concesionarios renovaran sus unidades, buscando dar un mejor servicio a los usuarios de la entidad.
En las calles de Puebla, todavía encontramos microbuses de más de 20 años de antigüedad circulando, contando con asientos en malas condiciones y choferes que siguen sin respetar el reglamento, algo que ha molestado a los poblanos, que nunca estuvieron de acuerdo con el aumento.
Los abusos en el cobro del pasaje no se hicieron esperar, pues a los transportistas les molestó la tarifa preferencial para estudiantes, por lo que no todos han respetado esta decisión de la Secretaría de Movilidad y Transportes, generando un sinfín de quejas.
El Gobierno del Estado incluso se comprometió a entregar un subsidio a los transportistas a cambio de la tarifa preferencial para estudiantes, pero los concesionarios ni siquiera se han acercado a la administración estatal para recibir este beneficio.
De acuerdo con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, hasta el momento los concesionarios no han entregado su información bancaria para que les depositen el subsidio, dejando ver poco interés y formalidad de los transportistas.
Durante los últimos días comenzaron operativos para revisar las condiciones del transporte público y retirar unidades pirata, lo que también han tomado como un ataque los concesionarios.
A unas semanas de que se cumpla el plazo, parece que la renovación del transporte público no se concretará, lo que podría derivar en infinidad de sanciones y problemas para los concesionarios, que solo buscan ganar sin dar un servicio de calidad
