Además de las malas condiciones en las que están sus unidades y el pésimo servicio que prestan, los concesionarios del transporte público pueden ser catalogados como el gremio de la ilegalidad, pues se manejan al margen de la ley al no cumplir con obligaciones fiscales como cualquier empresario.
En entrevista con Imagen Poblana, el catedrático Óscar Gil explicó que los concesionarios sí deberían cumplir con obligaciones como una declaración fiscal, el pago de Impuesto sobre la Renta (ISR) y dar prestaciones a sus trabajadores, ya que aunque lo nieguen, sí hay mecanismos para conocer cuánto dinero reciben.
