El Tribunal Supremo anunció este lunes las condenas a los líderes independentistas por delitos de sedición y malversación, con condenas de hasta 13 años para el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.
"El Tribunal Supremo ha condenado por la causa del procés a Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta", señala la sentencia.
Para otros exconsejeros del Gobierno catalán como Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, las penas son de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.
En el caso del ex vicepresidente Junqueras y los tres ex consejeros están condenados "por delitos de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía", señala el escrito.
Para los líderes sociales, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, las penas son de 9 años de prisión y 9 años de inhabilitación absoluta.
Asimismo, la sentencia condena por delito de sedición a la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, a una pena de 11 años y 6 meses de prisión e igual tiempo de inhabilitación absoluta.
En cuanto a los exconsejeros de Interior y Territorio, Joaquim Forn y Josep Rull respectivamente, las penas son de 10 años y 6 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta.
El fallo publicado este lunes descarta condenar a los acusados por un delito de rebelión pese a considerar "probada la existencia de violencia" porque la actuación de los líderes independentistas muestra una "absoluta ineficiencia" para "imponer de hecho la efectiva independencia".
En ese sentido, el Tribunal Supremo recuerda que bastó con una decisión del Tribunal Constitucional para anular el armazón jurídico diseñado por el independentismo catalán para buscar la ruptura con España.
Del mismo modo, el fallo recuerda que el plan soberanista fue abortado con la intervención de las instituciones catalanas a través del artículo 155 de la Constitución.
En este proceso judicial, se valoraban varios hechos, entre ellos la convocatoria del referéndum soberanista el pasado 1 de octubre de 2017, que se convocó por parte del Ejecutivo catalán ignorando la prohibición explícita del Tribunal Constitucional.
Otro punto clave es la manifestación del 20 de septiembre de 2017 frente a la sede de Economía del Gobierno catalán, donde se estaban llevando a cabo una serie de registros policiales para detener los preparativos del referéndum.
Frente a ese edificio gubernamental se concentraron alrededor de 40.000 personas que según la Fiscalía participaron en una manifestación "tumultuaria" en la que varios coches de policía fueron vandalizados.
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