El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con encarcelar a 1.700 exprisioneros, condenados por delitos graves, si no se entregan a las autoridades para revisar sus méritos que les permitieron obtener la libertad condicional, informó el portal Rappler.
"Quisiera dirigirme a todos los liberados de acuerdo con la ley (sobre la Concesión de Tiempo por Buena Conducta, GCTA), a las 1.700" personas, dijo Duterte llamando a los exprisioneros a "entregarse y registrarse en el Buró de Correcciones" en un plazo de 15 días para la investigación.
Asimismo advirtió de las consecuencias del incumplimiento de la orden: el exprisionero será declarado "fugitivo de la justicia" y se le tratará como "criminal".
Además se anunciará un premio por la captura de cualquier excarcelado fugitivo, "vivo o muerto".
Según los datos gubernamentales, un total de 1.914 criminales condenados por delitos graves obtuvieron libertad condicional desde 2013, cuando se aprobó la ley GCTA.
La legitimidad de ejecución de la GCTA se cuestionó después de que el Departamento de Justicia anunciara una posible liberación condicional del asesino y violador Antonio Sánchez.
En 1993 Sánchez fue condenado a 40 años de prisión por haber violado y matado a una estudiante y por haber asesinado a su novio.