Google y la Oficina de Administración y Presupuestos de la Casa Blanca se encuentran entre las muchas empresas estadounidenses y organizaciones que buscan el aplazamiento o la suspensión de la prohibición de hacer negocios con la empresa china de tecnología Huawei, según informan los medios de comunicación.
Google ha pedido ser eximida de cualquier prohibición relacionada con Huawei, advirtiendo a la Administración Trump que se corre el riesgo de comprometer la seguridad nacional de Estados Unidos si se sigue adelante con las restricciones sobre la exportación de Huawei, informó el Financial Times el 7 de junio.
Ejecutivos de Google están preocupados porque las prohibiciones obliguen a Huawei a desarrollar su propia versión de Android, afirmando que una "versión híbrida" del citado sistema operativo podría plantear riesgos para la seguridad, según el informe.
El mes pasado, la Administración Trump anunció un nuevo conjunto de medidas dirigidas contra Huawei, entre las que se incluyen dar al Departamento de Comercio la facultad de prohibir la venta de equipos 5G de Huawei en Estados Unidos, así como una prohibición general para las empresas estadounidenses de vender sus productos al grupo chino.
Después de que la prohibición fuera impuesta, Google suspendió sus negocios con Huawei, restringiendo su acceso a las posibles actualizaciones de Android. Sin embargo, desde entonces, la Administración Trump ha concedido una suspensión de 90 días para que las empresas puedan adaptarse a la nueva situación.
En un caso separado, Russell T. Vought, director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca está presionando para que se retrase la aplicación de las principales disposiciones de una ley que prohíbe al Gobierno de Estados Unidos hacer negocios con Huawei, según publicó el domingo el Wall Street Journal.
La prohibición podría conducir a una "drástica reducción" en el número de empresas que serían capaces de suministrar al Gobierno, y afectaría de manera desproporcionada a las empresas estadounidenses en zonas rurales donde los servicios de Huawei son populares, dijo Vought en cartas al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y nueve congresistas de Estados Unidos.
Vought ha pedido que las restricciones sobre contratistas y beneficiarios de préstamos y subsidios federales se impongan cuatro años después de la promulgación de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, siglas en inglés), en lugar de los actuales dos años, para dar a las empresas afectadas tiempo para responder.
La NDAA, firmada por el presidente Trump el año pasado, incluye una prohibición para las agencias estadounidenses y los beneficiarios de préstamos y subvenciones federales de hacer negocios con empresas o contratistas chinos.