Pese a que la marca “Mario Marín” es la de peor prestigio en Puebla y se agravó más su situación luego que saliera la orden de aprehensión contra el exgobernador priista por el delito de tortura psicológica con el caso de Lydia Cacho, en San Francisco Totimehuacan no hay planes para cambiar el nombre del mercado que lleva el nombre del también apodado Góber Precioso.
Así lo dijo el alcalde subalterno Isaac Chetla Muñoz, al informar que de momento no se le ha presentado ningún escrito o petición informal para cambiar el nombre al mercado del pueblo, sobre la carretera a Valsequillo y que lleva por nombre “Mercado Licenciado Mario Marín Torres” en honor al ex mandatario poblano entre 2005 y 2011.
En entrevista con Imagen Poblana, el edil aclaró que esta petición de cambio de nombre debe nacer única y exclusivamente de los locatarios del mercado y hacer las gestiones necesarias ante el municipio, pues además afirmó que el espacio comercial no está todavía municipalizado.
“No es porque le esté dando el lado al señor, depende mucho de las personas que están ocupando el mercado, porque como no se ha municipalizado, creen que como junta auxiliar tenemos recursos para darle mantenimiento a su inmueble y no es así”.
En ese sentido, aclaró que apoyaría en hacer las gestiones necesarias para el cambio; no obstante, como autoridad auxiliar su única responsabilidad recae apoyar la conexión de locatarios y municipio en caso que sea decisión el cambiar el nombre del mercado.
Chetla Muñoz recordó que este mercado era famoso por sus carnitas, pero ahora tiene fama de ser un espacio de venta de productos de piratería y demás chácharas que han alejado a la gente.
Los locatarios de este mercado fueron reubicados de un espacio ambulante en el zócalo de Totimehuacan y era llamado el Mercado Benito Juárez; sin embargo, cuando se les entregó el nuevo espacio a mediados de la década pasada, tomaron el nombre de Marín Torres y los característicos colores del PRI.
El 7 de abril pasado una jueza en Quintana Roo liberó una orden de aprehensión contra el exgobernador y tres personas más, entre ellos el exjefe de la policía, Adolfo Karam, por los delitos cometidos cuando se dio la captura de Lydia Cacho de manera extrajudicial en diciembre de 2005.
