Solo una de 32 entidades de la República, Ciudad de México, permite bajo cualquier circunstancia la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas, sin que haya represalia contra mujeres o cuerpo médico que lo practique. A partir de ahí, todo el país tiene diversas penas contra las mexicanas que decidan poner fin a su periodo de gestación.
Puebla no es la excepción, donde actualmente hay una pena de hasta cinco años a las mujeres que por voluntad decidan interrumpir su embarazo.
El Artículo 342 dicta que “se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar”.
Pero esta pena de medio año o un año completo solo funciona si concurren las circunstancias de que la mujer “No tenga mala fama”, “haya logrado ocultar su embarazo” y “éste no sea fruto de matrimonio”, pues de lo contrario la pena llegará a los cinco años de prisión.
Esto a razón de la propuesta que se discute ahora mismo en el Congreso del Estado, hecha por la diputada Rocío García Olmedo y la cual propone que se mantengan las causales de aborto en Puebla, pero para las mujeres que decidan practicarlo antes de las 12 semanas, se les imputen sanciones mínimas como trabajo comunitario y no así encarcelamiento.
Lo mismo con equipos médicos que abran la puerta a esta posibilidad, para así evitar que mujeres recurran a clínicas clandestinas y sufran algún tipo de daño por la falta de supervisión médica.
Puebla, por debajo de la media en causales para aborto
Puebla, como muchas de las entidades del país, solo considera cuatro causales para abortar legalmente sin punibilidad alguna.
Estas son: violación, aborto imprudencial o culposo, por peligro de muerte de la madre o por alteraciones graves del producto.
Si bien no es la entidad que tiene menos causales, éstas sí son las que abundan en prácticamente todas las entidades, por lo que no hay ningún tipo de apoyo extra para las mujeres que decidan poner fin a su preñez.
Guanajuato y Querétaro son los únicos donde la posibilidad de interrumpir el embarazo se reduce a violación, pues solo exonera culpas cuando se trata de aborto espontáneo, pero esto siempre y cuando sea de la mano de un dictamen médico justo en el momento que ocurra.
En todo el país es legal interrumpir el embarazo cuando es producto de violación, pero en muchos casos se limita la capacidad de la mujer para decidir sobre su cuerpo por encima de las autoridades.
Claro ejemplo Puebla, donde de acuerdo al Código Penal debe haber un dictamen de violación y una denuncia de por medio para proceder a la interrupción legal, además que debe haber, por fuerza, una disposición de los protocolos de protección a víctimas.
En otros lados, es “automático” el procedimiento en tanto haya una denuncia.
¿Qué otras causales hay?
Solo Michoacán y Yucatán prevén la interrupción por condiciones económicas, es decir, cuando la madre encuentra una dificultad para mantener a su hijo y ello le genere un cúmulo de carencias que afecten el desarrollo de los menores.
Cuando se trata de inseminación artificial no consentida, son 15 entidades las que lo prevén. Puebla no es una de ellas. Del mismo modo, las poblanas están fuera de la posibilidad de abortar por cuestiones de salud, disposición que hay también en 15 estados.
En 16 sí procede, como Puebla, por alteraciones graves del producto y en otras 24 entidades por peligro de muerte de la madre. En 30 entidades cuando es imprudencial o aborto culposo es que no se presenta delito y en 32 por violación.
Solo en la Ciudad de México hay la opción de la voluntad de la mujer, donde ella puede interrumpir el embarazo hasta antes de las 12 semanas, cuando es médicamente saludable el procedimiento. De lo contrario, hay penas de hasta tres años de cárcel.
Además que en la capital del país, desde que nació esta despenalización en 2006, no ha habido ni una sola muerte de mujeres por someterse a este proceso médico de interrupción de la gestación.
