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La reforma constitucional en materia laboral aprobada por el Senado la semana pasada dejó "intacto" el derecho a huelga, que se regulará a partir de las modificaciones a las leyes secundarias, refirió el senador Javier Lozano Alarcón, integrante de la bancada del PAN en la Cámara Alta.
En rueda de prensa, el senador poblano recordó que él había propuesto que en la misma reforma se acotara el derecho de huelga que tienen los sindicalizados para evitar que tal figura se utilice como chantaje o motivo de extorsión. Sin embargo, señaló que esta medida no alcanzó el consenso de sus compañeros senadores por lo que fue relegada para la legislación de las leyes secundarias.
"Yo planteé una cosa: para emplazar a huelga por firma del contrato colectivo tendrías que demostrar que tienes a la mayoría de los trabajadores en tu sindicato, así venía mi propuesta. No estuvo de acuerdo el PRD y obviamente los representantes de los sindicatos", aseveró Javier Lozano y añadió que el derecho a huelga "se mantiene intacto" y únicamente loa líderes sindicales deberán demostrar que tienen mayoría de los trabajadores en algún punto entre el emplazamiento y el estallamiento de la huelga.
La semana pasada, las redes sociales y algunos medios de comunicación dieron paso a la controversia debido al temor que generó la propuesta de modificación al derecho de huelga. Lozano Alarcón resaltó los beneficios de esta reforma que aún tendrá que ser aprobada por la Cámara de Diputados y posteriormente por el constituyente permanente. Sostuvo que uno de ellos es la llegada de la "democracia sindical".
Con ella, las elecciones de los líderes sindicales serán reguladas por la autoridad laboral, lo que quiere decir que no existirán más los comicios "a mano alzada", las imposiciones a perpetuidad, los dirigentes vitalicios o las sucesiones a modo, al menos en teoría. Lozano también señaló que esta reforma permitirá una mejor regulación de la relación empresa-sindicato.
El también exsecretario del Trabajo y Previsión Social resaltó la desaparición de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje —a las que calificó de corruptas— para dar pie a los tribunales especializados, lo que significa que la justicia laboral es ya competencia del poder judicial y no del ejecutivo como ocurría hasta ahora. Recordó que aún existe el recurso de amparo como segunda instancia en caso de que una de las partes afectadas no quede conforme con el resultado del juicio laboral.
Javier Lozano señaló que la conciliación sigue siendo el primer paso para la resolución de un conflicto, para lo cual existirá un organismo dependiente del gobierno federal y de los gobiernos locales, el que también llevará un padrón de todos los sindicatos.
