Reporte municipal: un edil auxiliar procesado y otro amparado

El Gobierno Municipal procedió contra el edil subalterno de la junta de La Resurrección, Sabino Leobardo Báez Serrano, por el delito de usurpación de funciones; pero hasta el momento no ha iniciado alguna denuncia contra el presidente auxiliar de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez, quien intentó establecer una policía comunitaria en su demarcación.   Estas dos juntas auxiliares son focos de atención por parte del gobierno del presidente Antonio Gali Fayad. Hoy, el propio presidente municipal aclaró que no hay un proceso iniciado contra el presidente auxiliar de Canoa.   Empero, el síndico municipal, Héctor Sánchez Sánchez, confirmó que el ayuntamiento de la capital poblana demandó al edil subalterno de La Resurrección por el delito de usurpación de funciones. Ambos alcaldes han incurrido en protestas y reclamos contra el gobierno actual, luego de que el Congreso del estado retiró atribuciones a sus cargos.   Hace meses, las presidencias auxiliares podían ofrecer servicios similares a los de un juzgado civil, pero los diputados locales les retiraron este derecho tras descubrir anomalías, entre las que figuran la entrega de actas de nacimiento mexicanas a extranjeros, falsificación de actas y cobro desmedido de los servicios.   En La Resurrección, pese a la restricción ordenada, el presidente Sabino Leobardo Báez Serrano seguía utilizando el registro civil para cobros indebidos. Peor aún, firmó actas en calidad de autoridad civil con lo cual cometió el delito de usurpación de funciones, pues ya no tiene atribuciones para ejecutar tales tareas.   Por el delito, explicó el síndico, será la Procuraduría la que determine la condición final de Báez Serrano. “Actualmente se sigue el procedimiento de índole penal en donde deberá defender su postura (…) sí hemos recibido más información de que hay varios documentos que la autoridad suscribió y esto nos preocupa porque genera indefensión entre los habitantes que solicitaron las actas”.   Báez Serrano enfrenta el proceso judicial en el penal de San Pedro Cholula por el delito de usurpación de funciones en el manejo del registro civil, explicó.   Un caso similar es el del presidente de la Junta Auxiliar de Canoa, aunque en su caso la violación de atribuciones no tuvo que ver con firma de documentos, sino con la seguridad. El presidente de esta junta auxiliar, Raúl Pérez Velázquez, decidió crear hace un par de semanas su propia policía comunitaria. Incluso los permisos de armas serían expedidos por la junta auxiliar.   El Gobierno Municipal dialogó con el edil auxiliar. Hoy el presidente Antonio Gali informó que no ha iniciado ningún proceso penal en contra de Pérez Velázquez, pero este ya tramitó un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para protegerse ante una posible detención.   El presidente municipal aclaró que las protestas que enfrentó Pérez Velázquez en su junta auxiliar no implican un procedimiento penal en su contra. “No, en ningún momento. Simplemente fue la misma ciudadanía la que tomó la presidencia y pide la salida del presidente auxiliar y somos muy respetuosos nosotros de usos y costumbres y de problemas que se puedan presentar”.   El edil subalterno de San Miguel Canoa anunció que apoyaría la creación de una policía comunitaria debido a la inseguridad que priva en su demarcación. No obstante, el ayuntamiento ofreció el incremento de patrullaje y la adhesión de la junta auxiliar al programa Vecino Vigilante.   Justo sobre el tema de la seguridad, hoy el presidente Antonio Gali adelantó que el 25 de noviembre recibirá las nuevas 50 patrullas tipo “Interceptor" que estarán dotadas con la más actual tecnología   A estas 50 se sumarán otras 70 durante 2015. Estas patrullas, detalló, tienen un equipamiento especial, algunos de estos elementos son incluso importados.