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El gobernador Rafael Moreno Valle combatirá el hacinamiento a través de la reducción del envío de reclusos a penales. Mediante una iniciativa, propuso al Congreso del estado que las penas por delitos menores para los detenidos sean de retribución social.
La iniciativa de reforma al Código de Defensa Social contempla que los criminales menores ejecuten trabajo a favor de la comunidad, relación laboral formal independiente, aplicación educativa o de capacitación y tratamiento de adicciones.
Esta posibilidad de compurgación de la pena aplicará solamente para quienes estén sentenciados por primera vez y que no sea delitos como secuestro, violación o que pertenezcan al crimen organizado.
El periodo para ejecutar este tipo de actividad será el equivalente a la sanción privativa de la libertad, e incluso algunos trabajos podrán ser remunerados. En consecuencia, la iniciativa considera como preferentes los servicios públicos y asistenciales, tanto estatales como municipales.
El proyecto también contempla el establecimiento de una autoridad responsable del control y vigilancia de los delincuentes penados.
La propuesta será analizada por la Comisión de Procuración y Administración, presidida por el priista Gerardo Mejía Ramírez.
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